A veces las advertencias oficiales arrancan por la puerta más simple: el teléfono que suena del otro lado con una historia demasiado buena. Esta vez, la señal de alarma la encendieron la Corporación Interestadual Pulmarí (CIP) y el Gobierno de Neuquén, que detectaron publicaciones ofreciendo lotes dentro del ejido que administra ese organismo y decidieron salir a marcar la cancha antes de que alguien firme un boleto, deje una seña o, peor todavía, transfiera una suma importante a cambio de nada. La consigna es tan directa como cruda: quien entrega dinero por esos terrenos corre un riesgo doble, perder lo abonado y, encima, no quedarse con la propiedad.

La CIP, con sede en Aluminé y más de 112.900 hectáreas bajo administración, es un ente público creado en 1988 y compartido entre la Nación y la provincia neuquina. Esa pertenencia es la raíz de todo el problema: las tierras forman parte de su patrimonio y, por lo tanto, no son susceptibles de ventas, cesiones ni permutas entre privados. Un permiso para ocupar o permanecer en un sector, por legítimo que sea, no transforma a su titular en propietario ni le abre la puerta a negociarlo como si fuera un lote cualquiera de cualquier ciudad.

Lo que sirve y lo que no sirve como papel

La recomendación oficial pasa por revisar muy bien la documentación que avala cualquier oferta y, sobre todo, consultar por los canales habilitados antes de mover un peso. La aclaración incluye expresamente a boletos de compraventa, contratos, señas, reservas y hasta cesiones de derechos firmadas entre particulares: ninguno de esos instrumentos tiene validez sobre tierras de la CIP. Quienes estén autorizados a permanecer allí, sean pobladores históricos, sean ocupantes con permiso, tampoco pueden vender ni transferir el lugar a terceros, porque el derecho que tienen es de uso, no de propiedad.

• Verificar la situación del inmueble por los canales oficiales de la CIP antes de avanzar.
• No aceptar permisos de ocupación como si fueran títulos de propiedad válidos para vender.
• Desconfiar de señas, reservas o pagos parciales pedidos por fuera de la institución.
• Consultar cualquier publicación sospechosa al teléfono 02942-496243.
• Tener presente que la maniobra puede configurar estafa bajo la Ley 23.612.

El aviso fue pensado para un público amplio, desde vecinos de la zona hasta turistas y supuestos inversores que se topan con estas propuestas. A ese universo heterogéneo se le pide lo mismo: corroborar antes de comprometerse, porque cuando la oferta llega por redes sociales, grupos de mensajería o avisos clasificados, la verificación se vuelve la única barrera entre una decisión racional y un problema serio.

Desde la Corporación también aclararon que estas maniobras pueden terminar en acciones penales por estafa, en el marco del régimen de la Ley Nacional 23.612, y que las actuaciones administrativas y legales van a continuar para resguardar el patrimonio y evitar que otras personas queden a la deriva. La idea es tan clara como el pedido: si la propuesta parece buena, suena urgente o apura la firma, casi siempre conviene frenar y llamar al organismo antes de poner la plata sobre la mesa, porque en estos casos el bolsillo, y la ilusión de tener un pedazo de tierra, salen caros.