Empezó el vaciamiento del Devoto: más de 1.500 presos alistan la mudanza al nuevo penal de Marcos Paz

El domingo arrancó el operativo de traslado de los 1.500 detenidos del penal de Villa Devoto al Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz, en territorio bonaerense. En la primera jornada se movilizaron 326 internos, según fuentes oficiales.

Desde la Procuración Penitenciaria de la Nación calificaron el traslado como "intempestivo" y advirtieron que la falta de información oficial dificultó la tarea de contención con las familias de los internos. "Hacer un balance en este momento resulta prematuro, ya que ni siquiera contamos con el listado oficial consolidado de las personas trasladadas", indicó el organismo.

Un penal construido sobre 80 hectáreas

El Complejo Penitenciario Federal VIII abrió sus puertas tras la firma del acta de recepción provisoria entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires. El establecimiento se construyó sobre un predio de 80 hectáreas y tiene capacidad para 2.232 detenidos, distribuidos en cuatro unidades de máxima seguridad.

• El proyecto se remonta a 2018, con la firma del convenio original entre ambas jurisdicciones.
• La obra fue paralizada en 2020 y reactivada en diciembre de 2024, lo que permitió su culminación.
• El operativo es coordinado por un Comando Unificado con participación de cinco fuerzas federales.
• La Procuración Penitenciaria presentó un hábeas corpus y la Justicia convocó a una audiencia para analizar el procedimiento.

La educación en contexto de encierro, en el centro del debate

La Procuración Penitenciaria señaló que el aspecto más sensible del traslado es la continuidad educativa de los alumnos del Centro Universitario Devoto (CUD), una experiencia de cuarenta años de educación en contexto de encierro. Según el organismo, trasladar a los estudiantes en medio del cuatrimestre "pone en riesgo directo su continuidad académica y el derecho a la educación".

Representantes de la Procuración ingresaron al complejo de Marcos Paz para dialogar con las autoridades y verificaron, mediante llamadas de los detenidos a sus familiares, que no se registraron actos de violencia. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) también cuestionó que el operativo no garantizara la continuidad de los estudios universitarios. La Justicia debe definir los próximos pasos en la audiencia prevista para analizar el procedimiento.