La omisión que salió cara: una Justicia laboralista de Neuquén obligó a una cooperativa a pagar por no demostrar que no había lugar

Acá en el Alto Valle, cuando el zonda empieza a pegar de costado y la térmica se te clava en la nuca, uno entiende por qué los embaladores de fruta viven con el hombro hecho pedazos. Son los que arman y cargan las cajas de peras y manzanas que después van a terminar en cualquier verdulería de Buenos Aires. Laburan con la fuerza de todo el cuerpo y, cuando algo se rompe, la empresa tiene que encontrarles otro lugar donde ganarse el mango. Eso es lo que dice la ley, al menos. Lo que pasó en Neuquén, sin embargo, muestra lo que pasa cuando alguien decide no buscar ese lugar y, peor todavía, ni siquiera intenta demostrar que no existe.

Diez años armando cajas y un telegrama que cambió todo

El protagonista de esta historia entró a trabajar a una cooperativa neuquina en enero de 2011 como embalador de primera categoría. Estuvo más de una década haciendo la misma tarea sin recibir una sola sanción, según quedó acreditado en el expediente. Hasta que en agosto de 2021, en plena temporada de fruta fina, el hombro derecho dijo basta. La ART se hizo cargo del tratamiento durante ocho meses y en abril de 2022 le extendió el alta con restricciones: nada de levantar peso. El operario podía volver, sí, pero a otra cosa.

Con ese papel en la mano, el trabajador mandó un telegrama pidiendo la reincorporación. La respuesta llegó rápido y por carta documento: la cooperativa reconocía la restricción médica pero afirmaba, sin más vueltas, que no tenía ningún puesto disponible que se ajustara a esa limitación. El operario volvió a escribir, esta vez hasta detallando en qué sectores del galpón podía desempeñarse. La contestación fue calcadita. Ante esa pared, resolvió considerarse despedido de forma indirecta, una figura legal que le permite al trabajador dar por cortado el vínculo cuando entiende que la empresa no le dejó otra salida.

Los compañeros, los que saben cómo funciona el galpón de verdad

Lo que terminó de inclinar la causa fue lo que declararon en el juzgado. Comparecieron seis testigos, todos compañeros de trabajo, que describieron con nombre y apellido tres tareas concretas que se hacían en el galpón sin necesidad de cargar peso: el sellado de etiquetas, el fichado de cajas con engrudo y el colgado en el sector que todos llaman "el aéreo". Los contadores fueron todavía más lejos: varios contadores coincidieron en que, cada vez que un embalador se lastimaba o no podía levantar peso, la propia empresa lo reubicaba en alguna de esas funciones. Uno de los testigos contó, incluso, que al menos cuatro embaladores habían pasado por esos mismos puestos en situaciones parecidas.

El juez Luis Trani, titular del Juzgado Laboral N°3 de Neuquén, valoró esos testimonios como "coherentes, ordenados y concordantes", tres adjetivos que en el lenguaje de los fallos significan que no le quedó ninguna duda. Conclusión: tenía la posibilidad real de reubicar al trabajador y eligió no hacerlo. Y, además, le recordó a la cooperativa un principio que parece básico y sin embargo muchas empresas siguen mirando para otro lado: cuando una firma alega que no tiene un puesto disponible para alguien con limitaciones de salud, es ella la que tiene que demostrarlo. No alcanza con decirlo. La cooperativa no lo hizo.

Lo que terminó pagando la cooperativa

• 676.751 pesos de indemnización, más intereses que se calculan desde 2022.
• Una cifra muy por debajo de los más de cuatro millones de pesos que había pedido el operario, según trascendió del expediente.
• La confirmación de la condena en segunda instancia por parte de la Cámara de Apelaciones, que dejó firme el fallo de primera instancia.
• Un precedente que, en los hechos, le complica la vida a cualquier patrón que quiera apelar al viejo recurso del "no hay lugar" sin papeles que lo respalden.

Ahora bien, hay un detalle que no es menor y que vale la pena mirar de cerca. El operador que fundó este reclamo terminó agotado. La diferencia entre tener y fundar, en este caso, le terminó costando a la cooperativa varios cientos de miles de pesos que se podrían haber evitado con una conversación, una reubicación y un parte médico bien archivado. En el fondo, lo que dejó este fallo es algo que cualquier vecino de a pie, acá a la vuelta, entiende sin necesidad de haber pisado nunca un juzgado: cuando alguien te dice que no puede levantar más, antes de decirle que no hay lugar, conviene salir a buscar helios donde sí lo haya.

“Cuando alguien se lastimaba o no podía cargar, lo reubicaban en el aéreo, en el sellado o en el fichado. Eso siempre se hizo acá, lo raro era que no lo hicieran ahora.”Testigo de la causa que trabajó en el galpón de empaque