Pandanés, de la hilera a la góndola del horno propio: el cierre que desnuda un consumo que ya no cierra

Hay mañanas frías en elÁrea Metropolitana de Buenos Aires en las que uno se cruza con un local cerrado donde antes se compraba pan y, sin embargo, lo que más duele no es la persiana baja sino el ruido de los WhatsApp que llegaron antes que los telegramas. Eso fue exactamente lo que pasó en Pandanés, la cadena que llegó a tener 25 sucursales encendidas al mismo tiempo y que terminó apagándolas todas en cuestión de semanas, dejando en la calle a unos 150 empleados que, según denuncian los propios trabajadores, ni siquiera pueden retirar sus pertenencias de los locales porque nadie les firma un papel que les explique qué pasó.

El expediente, que tramita en el Juzgado Comercial Número 15 de la Ciudad de Buenos Aires bajo la mirada del juez Pablo Frick, cuenta una historia que empieza mucho antes de la última factura impaga. La propia empresa reconoce en el escrito que presentaron sus abogados que arrastra una cesación de pagos desde octubre del año pasado, es decir, desde mucho antes de que empezaran a escucharse los primeros rumores de cierre, y que ese agujero no fue un rayo que cayó de un cielo despejado sino un aguacero que se fue anunciando durante meses y que terminó por tapar todo.

Una fábrica pensada para 50 locales que terminó alimentando apenas un puñado

A mí, como alguien que recorre hace años la relación entre lo que pasa en la tranquera de un campo y lo que después termina en la góndola de un supermercado, este caso me interesa porque muestra exactamente esa cadena, de la hilera a la góndola, funcionando al revés: la harina subió, el consumidor dejó de comprar y la rueda se frenó en seco. La planta industrial de Pandanés, de mil setecientos setenta y ocho metros cuadrados, había sido inaugurada en noviembre de 2022, en pleno entusiasmo productivo, con un horno pensado para abastecer hasta cincuenta locales propios. Cuando la cadena empezó a achicarse, esa fábrica enorme quedó sobredimensionada para un puñado de sucursales, pero los costos fijos, alquileres, tarifas de energía y sueldos ajustados por paritaria, no aceptaron achicarse junto con el negocio.

En la presentación judicial, la gerenta de la firma, Lise Lundme Funch, describió un cuadro que ya se volvió moneda corriente en la economía argentina: caída del consumo superior al cincuenta por ciento del volumen histórico, suba constante de los insumos clave, en especial la harina empujada por el precio internacional de los granos, incrementos en servicios y un intento desesperado por renegociar alquileres, cambiar de proveedores y hasta alcanzar algún tipo de acuerdo con el fisco que nunca llegó a buen puerto. Esa descripción, traducida al lenguaje de cualquier viñatero de San Juan que conozco, sería exactamente la misma: cuando el precio del kilo de uva no te paga ni el plástico del pulverizador, algo está roto aguas arriba.

“Esos factores provocaron un progresivo e irreversible deterioro de los márgenes y del flujo de fondos, una situación que la empresa intentó revertir con distintas medidas, sin lograr resultados positivos.”Lise Lundme Funch, gerenta de Pandanés

Lo que ordenó la Justicia y lo que todavía nadie resuelve

Ante ese panorama, lo que resolvió el magistrado fue ordenar la apertura de un procedimiento de salvataje previsto en el artículo 48 de la Ley de Concursos y Quiebras, que es ni más ni menos la última puerta antes de la quiebra declarada: durante cinco días hábiles quedará abierto un registro para que acreedores, cooperativas de trabajadores o terceros interesados puedan presentarse con propuestas de acuerdo preventivo o, incluso, ofertas concretas para adquirir las cuotas sociales de la compañía. El pasivo declarado por Pandanés en el concurso preventivo ronda los mil doscientos millones de pesos, una cifra que por sí sola habla del tamaño del agujero y de lo difícil que será taparlo aun si alguien se anima a meter la pala.

Mientras tanto, del lado de los empleados la historia es la más cruda de todas, porque ya no se trata de números en un expediente sino de personas a las que se les terminó el sustento de un día para otro. Los telegramas de despido nunca llegaron formalmente, las pertenencias que quedaron dentro de los locales no pueden ser retiradas y la sindicalista que intervino detectó, además, que la empresa no habría acreditado el pago de los aportes a la obra social, a la ART y otros conceptos laborales, lo que configura una irregularidad que se suma al resto del cuadro. En paralelo, lo que el Estado todavía no resolvió en este tipo de crisis, y que ya resulta una marca registrada de los últimos años, es cómo se hacen valer los derechos de los trabajadores cuando una empresa decide tirar la persiana por WhatsApp, porque el procedimiento formal de salvataje puede salvar a la marca pero no siempre rescata a quienes le ponían el pecho todos los días a esa marca.