Cinco fiscales federales pidieron esta semana la detención de exdirectivos de Terminal Puerto Rosario (TPR) en una causa que investiga el uso de la concesionaria como pantalla para blanquear fondos ligados a la corrupción política en Cataluña y al tráfico de cocaína en Rosario. El embargo solicitado ronda los 100 millones de dólares.

El expediente y su alcance

La acusación central recae sobre Gustavo Pedro Shanahan, contador de 67 años y expresidente de TPR. En 2023 un tribunal ya lo condenó a siete años de prisión por integrar la organización de un narcotraficante peruano. La pesquisa reconstruyó que, desde una financiera ubicada en calle España al 889, Shanahan proveyó dólares para la compra de cocaína. Un allanamiento realizado en octubre de 2021 en ese local permitió secuestrar más de 34 millones de pesos, divisas, más de cuatro kilos de cocaína y armas.

En la misma causa quedó imputado Jordi Pujol Ferrusola, hijo del ex presidente de la Generalitat de Catalunya. Entre 2004 y 2005 ingresaron a TPR unos 1.850.000 euros transferidos desde una firma offshore vinculada a Pujol Ferrusola a una sociedad local. La justicia española, en un fallo confirmado en 2021, declaró ilícito el patrimonio familiar por comisiones y sobornos ligados a la adjudicación de obra pública y licencias urbanísticas en Cataluña durante décadas.

El esquema de lavado

El Ministerio Público Fiscal describió un mecanismo en tres etapas.

• Ingreso: el dinero de origen ilícito entraba al puerto bajo la apariencia de inversión societaria.
• Transformación: entre 2010 y 2012 el paquete accionario se vendió por tramos a empresas del sector agroexportador, de modo que lo ingresado como inversión salía como precio de venta.
• Egreso: parte de los fondos regresó al exterior mediante un convenio de deuda simulado que transfirió a Shanahan 850.000 dólares en cuotas a una cuenta en los Estados Unidos.

Los fiscales identificaron al menos diez contratos de préstamo entre empresas del grupo y otras firmas, donde se depositaban cheques y se retiraba el equivalente en efectivo de inmediato, con el fin de dar apariencia lícita a los movimientos. La carátula de la causa es lavado de activos y narcotráfico, y se encuentra en etapa de instrucción. La próxima instancia judicial será la resolución del juez sobre los pedidos de detención y el embargo solicitados por los fiscales.