La tarde cae pesada sobre Buenos Aires y el termómetro no da tregua, así que me imagino que más de uno está leyendo esta nota en la mesa de la cocina, con el ventilador de fondo, mientras piensa en pagar las cuentas o en llamar a la madre. Acá, del otro lado de la pantalla, lo que vengo a contarle es algo que, como periodista, me dejó preocupado y a la vez con ganas de charlarlo con el almacenero de la esquina: la salud mental en la Argentina está haciendo ruido fuerte, del tipo que ya no se puede tapar con un folleto institucional ni con un comunicado del Ministerio. Las internaciones por cuadros psiquiátricos subieron 42% entre 2023 y 2026, según un relevamiento federal que coordina la Universidad Nacional de Lanús y que reúne datos de las máximas autoridades sanitarias de 14 provincias que, sumadas, representan más del 70% de la población del país. El número, créame, no es un titular más: es la radiografía de un sistema que está siendo exigido al límite y de una sociedad que, como me dijo hace poco un amigo de La Plata, ya no puede hacer de cuenta que estos temas no existen.

La demanda que no para de crecer

El informe, que fue presentado en el Senado en pleno debate por la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental, dice con todas las letras lo que muchos intuyen en el barrio, en el club, en la oficina: las consultas ambulatorias por problemas de salud mental crecieron 23% en el último año, con un salto adicional del 12% solo en los últimos doce meses en el rubro internaciones. La provincia de Buenos Aires, que siempre marca el pulso del resto del país, reconoce que el 30% de las consultas en las guardias hospitalarias ya corresponde a problemas de salud mental, una cifra que a mí, particularmente, me obliga a tomármelo en serio y dejar de lado los lugares comunes. Las jurisdicciones que aportaron información fueron Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Salta, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, y también dijeron presente Entre Ríos y Río Negro, lo que le da al trabajo una densidad federal poco habitual en este tipo de mediciones.

Los datos dibujan, además, un mapa de la fragilidad social que ya se vive en las calles: el relevamiento muestra una mayor demanda de atención por parte de niñas, niños y adolescentes, y un crecimiento marcado de personas que perdieron la cobertura de su obra social o su prepaga y terminaron recalando en el hospital público. Eso, en criollo, significa que la crisis económica empuja al consultorio de salud mental a laburantes, comerciantes y familias de clase media que antes resolvían su atención por la vía privada y hoy hacen cola en el centro de salud del barrio, en muchos casos con el del bolsillo y la incertidumbre del mes que viene como carga adicional.

Más camas, pero equipos que no se completan

Entre 2021 y 2026 se incorporaron al menos 388 nuevas camas de salud mental en hospitales generales de todo el país, lo que parece una buena noticia hasta que uno lee el resto del informe: trece de las 14 provincias relevadas ampliaron sus redes comunitarias con centros de día, equipos territoriales, viviendas asistidas y dispositivos para el abordaje de consumos problemáticos, pero las propias autoridades sanitarias reconocen que esa estructura está sobreexigida frente a una demanda que no cesa, y que existen dificultades serias para completar los equipos con disciplinas críticas, como psicología, psiquiatría, trabajo social y enfermería especializada, que son justamente las que permiten que una cama nueva no sea un catre vacío con un candado. En criollo: se construyó, se nombró y se pintó, pero falta la gente para atender, y la gente que está dentro trabaja al borde del agotamiento, algo que cualquiera que haya pisado un hospital público en los últimos meses habrá comprobado en la cara de los profesionales y en la cola del mostrador.

Qué piden las provincias y qué se discute en el Congreso

El relevamiento recogió, además, las prioridades que las provincias pusieron sobre la mesa para los próximos años, y vale la pena repasarlas porque son las que van a definir si la situación se encauza o se sigue desbarrancando:

• Aumentar la inversión específica en salud mental, hoy claramente insuficiente frente a la demanda existente.
• Ampliar la infraestructura y los recursos humanos, con políticas activas para captar y retener profesionales en el sistema público.
• Garantizar el acceso a medicamentos psicotrópicos, hoy condicionados por precios y por faltantes en distintas jurisdicciones.
• Producir información epidemiológica nacional de calidad, para medir con la misma vara en todo el país y no a ojo.
• Recuperar una coordinación efectiva entre Nación, provincias y municipios, que hoy aparece como uno de los puntos más débiles del sistema.

Mientras tanto, en el Senado se discute una reforma de la Ley Nacional de Salud Mental, vigente desde 2010, y las autoridades provinciales plantearon, con tono firme pero sin levantar la voz, que la propuesta elimina marcos y garantías sobre los que se sustenta la política de salud mental sin incorporar, al mismo tiempo, el financiamiento necesario para ampliar la capacidad de respuesta de los sistemas públicos. Esa advertencia, hecha por quienes gestionan los hospitales todos los días, es la que más me resuena como vecino y como periodista, porque apunta al corazón del problema: no alcanza con cambiar las palabras de una ley si después no hay presupuesto, profesionales ni dispositivos para sostener lo que esa ley promete. La conclusión, a esta altura del partido, es bastante clara: la Argentina está votando con los pies hacia los consultorios, y la política tiene que decidir si se hace cargo de esa fila o si la deja crecer en la vereda.