A las puertas del Tribunal Oral Federal N°2 de San Martín, pasadas las 13 del jueves, se conoció el veredicto en la causa contra la organización conocida como Templo Filadelfia: 27 personas fueron condenadas y se ordenó una reparación económica de 2.170.467.831,20 pesos para la misma cantidad de víctimas, en un juicio que investigó casi cinco décadas de explotación laboral y servidumbre bajo fachada religiosa.

La Fiscalía General describió a la agrupación como "una asociación ilícita que funcionó bajo apariencia religiosa con el fin de someter a personas en situación de vulnerabilidad mediante explotación laboral, servidumbre y aislamiento". En su alegato, Gentili repasó un patrón de castigos, vigilancia y restricciones sobre los vínculos afectivos de quienes vivían en los distintos asentamientos.

La carátula y la etapa de la causa

El debate se enmarcó en una investigación por asociación ilícita, reducción a la servidumbre y trata de personas con fines de explotación laboral agravada, además de delitos contra la integridad sexual y supresión de identidad. La sentencia marca el cierre de la etapa de juicio oral y abre el camino a eventuales apelaciones ante la Cámara Federal de Casación Penal.

• Eva Petrona Pereyra: 24 años, considerada jefa u organizadora y coautora de los delitos principales.
• Rigoberto Ismael Mora Bogado: 21 años de prisión.
• Siete acusados recibieron 18 años, pena coincidente con el pedido fiscal.
• Víctor Abraham Ayunta y Damaris Fernanda Sabich fueron condenados solo por asociación ilícita y absueltos por trata agravada y reducción a la servidumbre.
• Los 19 restantes recibieron condenas menores, con cumplimiento efectivo en distintos regímenes.

El tribunal fijó la operación de la estructura entre 1972 y el 1° de diciembre de 2020, con sede central en San Justo, partido de La Matanza, y ramificaciones en Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos, Salta, Córdoba, Tucumán, Río Negro, además de Paraguay y Brasil. Como medidas patrimoniales, ordenó decomisar 46 inmuebles en esas provincias y países, 12 vehículos y dinero secuestrado en pesos y moneda extranjera, y subastar otros 15 automotores que habían sido asegurados durante la instrucción.

En el mismo fallo, los jueces declararon la prescripción de hechos que perjudicaban a nueve personas y absolvieron a Pereyra de una acusación por abuso sexual. Las indemnizaciones a las víctimas se determinaron de manera individualizada y superan los 2.170 millones de pesos.

La próxima instancia será la lectura integral de los fundamentos, prevista para los próximos días, tras la cual las defensas podrán apelar ante la Cámara Federal de Casación Penal. Mientras tanto, las medidas cautelares sobre los bienes decomisados se mantendrán vigentes hasta que quede firme la sentencia.