La fábrica de fisiológicos que se quedó sin aire en Ituzaingó: 30 familias afuera y una audiencia clave para reabrir el diálogo

El tiempo no ayuda. No hablo del de afuera, ese que en esta semana corta de noviembre combina sol y alguna ráfaga fresca sobre la fábrica cerrada de Valmax en Ituzaingó, sino del que corre contra los 30 empleados que acaban de quedar en la calle y contra una firma que, en apenas seis meses, pasó de pagar como cualquier PyME a hacerlo en cuotas y, finalmente, a detener por completo la línea de producción. La escena que se repite en la planta, con el portón bajado y la guardia vacía, sintetiza una crisis que llevaba meses cocinándose y que esta semana podría empezar a tener respuestas formales, cuando la empresa se siente a la mesa que le citó el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires para este lunes.

Lo que se sabe hasta acá es bastante y, al mismo tiempo, bastante insuficiente. Lo que se sabe: Valmax, fabricante desde los años ochenta de solución fisiológica en monodosis y de las gotas oftalmológicas Valmafilo, paralizó sus operaciones, bloqueó el acceso al establecimiento y desvinculó a 30 de los 60 trabajadores que integraban la plantilla. Lo que también se sabe: la firma arrancó en abril un esquema de pagos fraccionados que presentó como excepción y terminó convertido en rutina, adeuda hoy la mitad del salario de septiembre sin haber informado fecha de pago y registra, según el Banco Central, 196 cheques rechazados por falta de fondos, por un total de 156.526.850 pesos.

De la hilera a la góndola, pero también a la farmacia del hospital

Para entender el tamaño del problema conviene mirar el recorrido del producto. La solución fisiológica en monodosis y las gotas que se fabrican en esa planta no son un bien de consumo más: son insumos críticos para guardias, quirófanos y consultorios. Cuando una empresa como Valmax deja de producir, lo que se resiente no es un mostrador sino una cadena que va de la línea de fraccionamiento a la farmacia del hospital público y al botiquín de la casa, pasando por droguerías y licitaciones que ahora, según el sindicato, tardan en pagar.

La historia de la compañía es una de las que suelen repetirse en la industria: la fundó en 1980 el farmacéutico austríaco Peter Ploder, egresado de la UBA y radicado en el partido de Haedo; en 2014, Ploder vendió su participación mayoritaria y desde entonces la firma reorientó su actividad hacia la producción tercerizada y las licitaciones públicas, manteniendo una plantilla de entre 60 y 70 personas. Es decir, lo que está en discusión no es el destino de un taller improvisado, sino el de una PyME con cuatro décadas de operación que se había reinventado para venderle al Estado y que hoy queda atrapada, justamente, en los plazos y en las condiciones con que ese Estado paga.

“Cuando una empresa que surte a hospitales públicos deja de producir porque la plata no alcanza, lo que se rompe no es solo una nómina: se rompe una cadena de aprovisionamiento que se vuelve a armar de urgencia con reemplazos importados, más caros y menos disponibles.”Hugo Elizondo

Hasta acá, lo que puede leerse de la audiencia del lunes es apenas una fotografía de un problema más largo. La Provincia pidió una propuesta concreta a la empresa; la empresa, sin ingresos frescos y con la línea detenida, llega a esa mesa con poco margen. Lo que el Estado todavía no resolvió, y que esta crisis vuelve a poner sobre la mesa, es de qué manera se paga a quienes le venden insumos críticos y con qué herramientas se sostiene a las plantas chicas que viven de esas ventas: mientras esa discusión siga pendiente, cada cheque rebotado de los 196 que se conocen y cada uno de los que falta conocer seguirá midiendo, en definitiva, cuántas familias más quedan afuera de una fábrica que, hasta hace poco, podía producir sin pedir disculpas.