Mendoza abre una mesa de negociación para asfixiados por las tarjetas: qué se puede acordar y qué no

El cielo sobre el oasis productivo mendocino amaneció con esa neblina baja que en esta época suele ser aliada de las fincas porque morigera el calor y estira la maduración, y mientras en los cuarteles ya se habla de envero y de cuándo arranca la vendimia, en las oficinas de Defensa del Consumidor el termómetro que se mira es otro: el de las familias que mes a mes ven cómo una parte cada vez mayor del sueldo se va en el resumen de la tarjeta o en un préstamo personal que se pidió pensando que iba a ser pasajero y terminó enquistándose en la economía del hogar. Esa es, precisamente, la fotografía que el Gobierno mendocino decidió atender con un procedimiento de conciliación gratuito y voluntario que pone a la Provincia como puente entre el deudor y el acreedor, con reglas claras, topes explícitos y la advertencia de fondo de que no hay varita mágica: ninguna quita, ninguna espera y ninguna quita de intereses se aplica si la otra parte no firma.

Quién puede sentarse en la mesa y con qué deudas

Puedo contarles, porque el material lo permite y porque es la puerta de entrada al trámite, que la convocatoria está pensada para personas físicas con domicilio real en Mendoza que sean consumidoras finales y que estén transitando una situación grave o inminente de insolvencia personal o familiar. El primer filtro es económico: el peso de las deudas tiene que superar el 30% de los ingresos mensuales netos de quienes conviven bajo el mismo techo, un umbral que la normativa baja al 25% cuando en ese hogar hay menores a cargo, personas con discapacidad, jubilados que cobran el haber mínimo, beneficiarios de planes sociales, trabajadores informales o desocupados. El segundo filtro es de monto: el capital total adeudado no puede pasar el equivalente a cien salarios mínimos, vitales y móviles calculados al momento de pedir la intervención, un tope que funciona como barrera para que el sistema no termine absorbiendo concursos de gran porte que no fueron pensados para este carril.

• Préstamos personales y financiamiento de compras en cuotas.
• Saldos y financiaciones de tarjetas de crédito.
• Créditos otorgados por plataformas financieras autorizadas, mutuales y cooperativas.
• Obligaciones alimentarias, multas y sanciones penales: quedan fuera.
• Deudas con garantía hipotecaria y obligaciones comerciales o empresariales: tampoco entran.

Qué se puede negociar y por qué el Estado no puede imponer nada

Lo que me parece clave, y por eso lo aclaro de entrada para no vender humo, es que el procedimiento de la OCDC —la Oficina de Conciliación de Reestructuración de Deudas de Consumo, para decirlo completo— no obliga al banco, a la financiera ni a la mutual a aceptar ningún tipo de mejora. Lo que hace la Provincia es abrir un canal formal para discutir alternativas, y las alternativas que el texto contempla son concretas: más plazo para cancelar la deuda, períodos de espera, eliminación de intereses punitorios y cargos por mora, y por supuesto esquemas de cuotas recalculados que se ajusten a la nueva capacidad de pago del hogar. Pero cada una de esas alternativas, desde la más chica hasta la más ambiciosa, tiene que terminar con un acuerdo entre las partes, y ese es un punto que las familias mendocinas que están mirando la ventanilla de Defensa del Consumidor tienen que tener presente antes de ilusionarse con una quita que nadie les va a regalar.

Carlos, viñatero de San Martín con el que compartí la mañana de niebla mientras revisábamos una parcela de Malbec que viene algo adelantada, me decía mientras observábamos la parra que en el campo también aprendió a distinguir entre lo que se puede pedir y lo que se puede cobrar: “uno puede ir a la bodega y pedir que te paguen el quintal a un precio mejor, pero el precio lo termina fijando el mercado; lo que sí podés es sentarte y arreglar plazos, que a veces vale más que un peso extra hoy”. La analogía, se los confío, me sirvió para explicarles a varios lectores con los que hablé esta semana por qué la herramienta mendocina apunta más a reordenar el calendario de pagos que a borrar deuda de un plumazo, y por qué un acuerdo, aunque sea modesto, suele rendir más que una promesa que después no se puede sostener.

Cómo se inicia el trámite y qué información hay que llevar

El recorrido empieza en la propia OCDC, donde el interesado presenta un listado de acreedores, los importes adeudados y un detalle lo más actualizado posible de sus activos y pasivos, es decir, qué tiene y qué debe, porque la idea es que Defensa del Consumidor pueda evaluar con seriedad si el caso encuadra en los parámetros del procedimiento. A partir de ahí, la oficina cita a cada uno de los acreedores, que cuentan con un plazo de hasta diez días hábiles para responder y, sobre todo, para sentarse a negociar. El trámite es gratuito, y esa es una de las patas más importantes del anuncio en un momento en el que muchas familias dudan entre pagar un abogado, aguantar el acoso del call center o directamente dejar de abrir los sobres del banco, una decisión que en la práctica termina empeorando la situación porque se acumulan intereses y se pierden oportunidades de acuerdo.

En lo que a mí respecta, y se los digo con la franqueza del que mira el tema desde la tranquera hacia la ciudad, celebro que la Provincia ponga a disposición una herramienta así en un contexto donde la tarjeta de crédito volvió a ser, para buena parte de las familias argentinas, un ingreso complementario que se paga con esfuerzo durante meses. Celebro también que se haya explicitado el umbral del 30% y el del 25% para los casos más vulnerables, porque le da previsibilidad a la gente y le marca al sistema financiero dónde empieza a ser razonable sentarse a conversar. Lo que todavía queda pendiente, y con esto cierro la nota como me sale, es que el Estado avance en mecanismos que no dependan exclusivamente de la buena voluntad del acreedor para que estas mesas no terminen siendo, como tantas otras, un lugar al que se va a escuchar un no cordial y a volver a casa con las mismas cuotas y los mismos intereses: porque de la hilera a la góndola, y del bolsillo a la góndola también, lo que termina definiendo el resultado es si hay reglas que se hacen cumplir, y en este capítulo, esa parte, todavía no está resuelta.